Por Sofía Athanassopoulos, reproducido en Marcha.
Para muchos venezolanos, el anuncio del presidente Nicolás Maduro el pasado 20 de agosto decretando el cierre de la frontera con Colombia en el estado Táchira era algo que se esperaba debido al crecimiento descomunal del contrabando tanto de alimentos como de gasolina. A eso se le suma la persistente problemática del narcotráfico y el paramilitarismo, que venían incrementando los índices delictivos en la región.
El mandatario venezolano tomó esta decisión tras el hecho del 19 de
agosto en el que tres soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) resultaron gravemente heridos en una emboscada paramilitar en la
zona fronteriza mientras realizaban una operación anticontrabando.
Luego, Maduro decretó el Estado de Excepción por 60 días en seis
municipios del estado Táchira, el cual incluyó el despliegue de 1.500
efectivos militares para capturar a los culpables del ataque a los
soldados venezolanos.
Desde el anuncio de cierre de la frontera, se capturaron a 32
paramilitares y cerca de 1.100 colombianos en condición irregular han
sido deportados. También fueron detenidos al menos 50 efectivos de la
Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB) y 110 funcionarios de la
policía por su vinculación en el contrabando de gasolina y alimentos.
Fuego cruzado
La situación provocó un fuerte cruce de acusaciones entre ambos
gobiernos, que viene escalando en los últimos días. Maduro propuso que
la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) debata el tema, cosa que Juan
Manuel Santos rechazó.
El presidente colombiano había intentado que el espacio mediador sea
la Organización de Estados Americanos (OEA), pero no contó con los votos
necesarios para convocar a una reunión de cancilleres de ese organismo.
Ante ese fracaso, Santos anunció que acudirán a nuevas instancias
multilaterales para “proteger los derechos de los connacionales que
están siendo vulnerados por Venezuela”. Dijo que acudirán a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al secretario general de
Naciones Unidas, al Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra y a
la Organización Internacional de Migraciones.
Por su parte, Maduro informó: “He llamado al presidente Santos a que
hagamos una reunión cara a cara y busquemos con la verdad, en base al
diálogo, el respeto, no a la promoción del odio que se promueve contra
mí, busquemos canalizar y resolver de raíz este tema”.
El mandatario bolivariano llamó a “establecer y construir una
frontera de paz, de trabajo, libre de paramilitarismo, de chantaje, de
guerra económica, de violencia”.
Frontera caliente
Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.219 km que comprende
cuatro estados venezolanos (Táchira, Zulia, Apure y Amazonas) y siete
colombianos (Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada
y Guainia).
El contrabando de extracción en este estado fronterizo se agudizó
este año en el marco de la denominada “guerra económica” que viene
denunciado el gobierno de Maduro, llegando a niveles incontrolables y
trayendo como consecuencia el desabastecimiento de productos de primera
necesidad que se volvieron muy difíciles de adquirir para la población
venezolana debido a la red de “bachaqueros”, personas dedicadas a la
compra sistemática de rubros muy económicos en Venezuela y que son
revendidos en Colombia sacándoles una enorme ganancia.
El 29 de agosto, Maduro extendió el decreto de estado de excepción a
otros cuatro municipios del Táchira, sumando diez en total, y ordenó la
movilización de tres mil militares para “limpiar la zona de
paramilitarismo, criminalidad, secuestro y narcotráfico”, aseguró.
“Cuando decidí cerrar la frontera hacia Cúcuta, ese día con este puño
firme y que nadie lo va a doblegar, iba la historia de 60 años de dolor
de la frontera de Venezuela. Estaba haciendo justicia por los pueblos
desposeídos de Venezuela y de Colombia”. Maduro expresó que su paciencia
llegó al límite con la situación en la frontera y recordó la reunión
que sostuvo hace un año con Santos para plantearle combatir el
contrabando. “Un año después, no ha hecho nada”, se lamentó.
El presidente venezolano aseguró, además, que no abrirá la frontera
hacia el norte de Santander hasta que el Gobierno de Colombia no prohíba
la venta de productos venezolanos que entran en su territorio por vía
del contrabando y hasta que no se acabe el ataque a la moneda.
Reacciones al cierre
Al conocerse la medida, Santos la criticó con fuerza, dijo que era
injustificada y no iba a solucionar el contrabando y la inseguridad en
la zona. “Cerrar frontera trae perjuicios para mucha gente de lado y
lado de la frontera y genera mucho malestar porque se pone a mucha gente
inocente a pagar los platos rotos”, declaró.
El 26 de agosto, la canciller venezolana Delcy Rodríguez se reunió
con su par colombiana María Ángela Holguín en Cartagena y pactaron una
futura reunión entre los ministros de Defensa de ambos países. Holguín
manifestó que este encuentro fue uno de los más francos que se han
tenido con Venezuela. Reconoció que el contrabando “hace un daño inmenso
a la economía venezolana” pero solicitó la pronta apertura de la
frontera.
Por su parte, Rodríguez recordó que desde el inicio del conflicto
armado en Colombia, hace ya casi 60 años, Venezuela le ha dado cobijo a
millones de ciudadanos de ese país desplazados por la violencia. La
cifra se estima en más de cinco millones.
Para el gobernador del estado Táchira, la situación es muy compleja,
dado que considera que Colombia no se ocupa de sus problemas y esta
inacción en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico ha generado
una economía que maneja 7 mil millones de dólares en esta zona y sin
darle cuentas a nadie. “Nosotros alimentamos prácticamente a 8,2
millones de colombianos que están en los diferentes departamentos
limítrofes con Venezuela. Yo no sé por qué los venezolanos seguimos
insistiendo en que esto es culpa de nuestras autoridades. Esta es una
situación binacional”, recalcó.
Soluciones conjuntas para un problema humanitario
Ante la “llamada guerra económica” que el gobierno de Maduro ha
denunciado en todos los escenarios y que afirma es la causa del
desabastecimiento de productos de primera necesidad, el contrabando y la
especulación, una encuesta realizada recientemente por la reconocida
firma Hinterlaces arrojó que el 59 % de la población venezolana está de
acuerdo con el cierre fronterizo.
Ante todos estos hechos, el Gobierno colombiano acusó a Venezuela de
violar los derechos humanos en la deportación de personas. Sobre esto,
el Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, quien visitó la
zona limítrofe junto a la representante del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Mónica Sandri, señaló que
ni la Defensoría del Pueblo de ese país ni la Acnur han registrado algún
caso de deportación de refugiados y que las personas repatriadas han
sido las que no poseen documentos legales o se les ha comprobado su
vinculación con el paramilitarismo y/o el contrabando.
Para Saab, que millones de colombianos elijan estar en Venezuela
demuestra que sus derechos como seres humanos son respetados, además de
que gozan de servicios gratuitos de salud y educación y la posibilidad
de tener una vivienda digna y alimentos básicos a precios accesibles.
El Defensor solicitó al gobierno de Santos presentar un plan concreto
que contribuya a la paz y la seguridad en la frontera entre ambos
países y que acabe con el paramilitarismo, narcotráfico y contrabando.
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