Por Latabla, recogido por Resumen Latinoamericano.
La captura del banquero Fortunato Benacerraf Saías, anunciada este lunes,
directivo de la entidad financiera 100% Banco, por su relación con
otros dos empresarios investigados por una conspiración contra el
Consejo Nacional Electoral (CNE) para sabotear la elección de la
Asamblea Constituyente, ha confirmado que en Venezuela la rebelión es de
los ricos.
Benacerraf,
lider visible de una familia de tres generaciones de banqueros y de
origen judío-sefardí, se une a una creciente lista de empresarios de
diversos sectores que se ha sumado activamente y en forma directa a las
acciones conspirativas para desalojar del poder a Nicolás Maduro, electo
en 2013 y cuyo período de seis años vence al principio de 2019.
Si
bien la burguesía venezolana y sus operadores políticos, asociados en
una compleja coalición de partidos denominada Mesa de la Unidad, han
siempre intentado reducir la visibilidad de sus representantes, en estos
últimos tres meses de violentas protestas no han podido ocultar el rol
finaciero y operativo de los dueños de la riqueza.
El banquero, cuya detención se informa hoy, está relacionado con Arístides Moreno y Roberto Picón,
acusados de programar un ataque cibernético a las redes del organismo
electoral con el fin de impedir las elección de los integrantes de la
Asamblea Nacional Constituyente, prevista para el 30 de este mes.
Moreno
es el CEO y fundador de un conglomerado de servicios finacieros,
Inversur, y presidente de una compañía de distribución domiciliaria de
gas doméstico en Caracas, Domegas. También integra la directiva de otra
firma de comercialzación de productos de aseo y de servicios de
fumigación, Fuller de Venezuela.
Mientras
que Picón es directivo y socio de la empresa del área de TI,
Consultores e Ingenieros (Consein), con operaciones en Venezuela y
Panamá, y principal aliada comercial de Microsoft.
En esa última firma el principal accionista es Isaac Saías Eseyeg, familiar del Fortunato Benacerraf y directivo del 100% Banco.
Llama
la atención que Moreno y Picón siempre fueron presentados como asesores
de la MUD y nunca se informó su rol como empresarios en un aparente
objetivo de reducir el impacto público de ese dato.
Una
de las actuaciones más destacadas de los grupos económicos durante la
etapa más violenta de la confrontación, ha sido el aporte de recursos
para financiar ese tipo de actividades. Para ello han organizado
programas de captación de donantes a través de páginas de internet
especializadas y redes sociales.
Un
análisis a las tres mayores iniciativas, que en sólo 10 días lograron
recaudar cerca de 100 mil dólares para compra de cascos, escudos
artesanales e insumos médicos para los manifestantes, revela
la participación de jóvenes herederos de familias muy adineradas y
residencias en ciudades de EEUU como Nueva York y Miami.
También destaca la historia de una banda que atacó con morteros tipo bazucas las instalaciones de la base áerea La Carlota.
Se trata de los hermanos Ricardo y José Gabriel Adib Yatim,
propietarios de empresas como una fábrica de muebles. Ellos actuaron con
la colaboración de Andrés Sena Pereira, representante de una
importadora de alimentos que recibió sólo en 2014 más de 10 millones de
dólares a tasa oficial o preferencial.
Asimismo
hay que mencionar que uno de los hombres que actuó en el linchamiento
del joven Orlando Figuera, el 20 de mayo en Altamira, es Enzo Franchini Oliveros, de 32 años, socio y administrador de una compañía de construcción que fue contratista del gigante brasileño Odebrecht.
Otras
historias con la participación de integrantes de la burguesía, en este
caso agraria, son la de un hacendado de Barinas que prestó una retroexcavadora para apoyar saqueos y destrucción de edificaciones públicas en la ciudad de Socopó.
Mientras que en el estado Mérida quedó documentada la actuación de un ganadero que financió con comida, bebidas alcohólicas y armas a quienes ejercían la violencia en el municipio Obispo Ramos de Lora.
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