Razones encontradas; eso sentí una noche de estas, cuando un jerarca español me recordó que la vigencia del franquismo en España radica en la capacidad que tienen sus representantes de convivir orondos, tanto en el Partido Socialista Español de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, como en el Popular de Mariano Rajoy, y José María Aznar etc.
Tranquilamente dijo que como antes de que en España llegara la democracia se aplicaba la pena de muerte- entiéndase que, como en la época de Franco el asesinato extrajudicial estaba vigente-, no hay hoy delito en la aplicación de la misma.
Con este argumento, socialistas y populares llevan más de medio siglo negando a los españoles que la “madre patria” es el segundo país del mundo, después de Camboya, que tiene el mayor número de desapariciones y tumbas clandestinas en los últimos años.
Pero el susodicho “experto” fue más allá y calificó de “prescritas” las desapariciones y las tumbas de fusilados, a lo largo y ancho de España que dejó el general Franco con la complicidad de la jerarquía católica de entonces.
Algunas osamentas fueron exhumadas el año pasado porque dos jueces argentinos atendieron, con la oposición de Madrid, a varias víctimas del franquismo y ordenaron registrar las tumbas que socialistas y populares han logrado esconder desde 1936.
El intento de investigar los crímenes del dictador Francisco Franco entre 1936 y 1952 le costó al juez Baltasar Garzón una acusación por prevaricato y la suspensión en el cargo.
El magistrado Garzón, que en los 90 impulsó la investigación de los crímenes cometidos por el General Augusto Pinochet en Chile fue “linchado” de las Cortes por socialistas y populares por el atrevido intento de investigar las andanzas de Franco.
Sin embargo, su tesis de que estos crímenes de lasa humanidad jamás prescriben, fortaleció el reclamo de los descendientes de las víctimas radicadas en Argentina, que comenzaron a organizarse hace quince años, y derivó en movilizaciones masivas en toda España.
A quienes la vida nos dio la oportunidad de conocer sobre derecho penal humanitario, sabemos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben; otra cosa es que el Tribunal Penal Internacional y las Cortes españolas se hagan las locas.
Pablo de Greiff, un relator especial de la ONU para indagar este genocidio, al concluir su investigación sobre los crímenes cometidos en España, dijo que son 20 páginas las que ha necesitado, para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Y la conclusión principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las víctimas.
La sentencia es contundente: “No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente de ”privatización” de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales…”.
De Greiff critica duramente las ”interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía” con la cual tratan de dar impunidad a estos criminales hispanos, ya que, según el veredicto, “no sólo niegan el acceso a la justicia sino que también impiden cualquier tipo de investigación”.
Y aun así, del otro lado del Atlántico, esta gente nos viene a dar lecciones sobre democracia y derechos humanos. El cinismo, de verdad, no conoce límite.
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