Colombia: Terrorismo de Estado.

Extraído del blog El socialismo es la solución

El exterminio de la Unión Patriótica, que se cifra en al menos seis mil víctimas, permanece en medio de la más escandalosa impunidad

Hace veinticinco años la paz en Colombia fue posible. Con la fundación de la Unión Patriótica, el 28 de mayo de 1985, floreció a la vida nacional un movimiento político nuevo, plural, democrático, surgido de los históricos acuerdos de La Uribe, suscritos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno Nacional y resultado más tangible e importante del proceso de paz.

Fue la Unión Patriótica una corriente política que expresó la oposición democrática y popular, en la cual convergieron distintas fuerzas sociales comprometidas en un gran proyecto nacional empeñado en jalonar las profundas transformaciones que requiere nuestro país, con un carácter verdaderamente democrático, por la paz con justicia social y el derecho a vivir con dignidad. En los comicios de 1986, la Unión Patriótica obtuvo un significativo resultado electoral: La voz del pueblo en las urnas dio un contundente mentís al militarismo, la intolerancia y la estigmatización, un sí rotundo a la paz, la apertura democrática y la esperanza.

Con el nombre de Baile Rojo, se designó al siniestro plan criminal que ejecutaron los sectores más reaccionarios del Establecimiento para impedir el avance de las fuerzas democráticas, cerrarle el paso a la reconciliación y la apertura; generar pánico y provocar la desbandada del movimiento popular. El genocidio es ejecutado por asesinos a sueldo, muchos de ellos ex-militares,entrenados por mercenarios israelíes, europeos y norteamericanos; pagados por narcotraficantes, terratenientes, empresarios y políticos; apoyado desde los cuarteles; instigado desde los clubes, las curules, las salas de redacción, y algunas delegaciones diplomáticas...

Ante la mirada estupefacta del mundo, tiene lugar el aniquilamiento físico, la persecución y el despojo de todo un grupo humano que se había empeñado en ejercer el legítimo derecho a la oposición política. Dos presidentes de la Unión Patriótica, parlamentarios, alcaldes, diputados, concejales; comunidades enteras; hombres y mujeres de todas las edades son víctimas del genocidio, reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una sistemática persecución por motivos políticos.

En medio de esa campaña de exterminio, los hombres y mujeres de la UP dan una corajuda y generosa demostración de fortaleza moral y erguidamente sostienen con dignidad la bandera de la oposición política y la lucha inalienable por el derecho a la vida y a la paz. La dolorosa historia de Colombia confirma que el Establecimiento utiliza el crimen como herramienta de la lucha política: todos aquellos que han pretendido llevar adelante un proyecto democrático de oposición política han devenido víctimas de la ferocidad y la barbarie. Así, invisibilizaron a José María Carbonell; eliminaron al movimiento de los artesanos de Melo; mataron a hachazos a Rafael Uribe Uribe; asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán y persiguieron implacablemente a sus simpatizantes; hostigaron y coptaron al MRL; acosan inmisericordemente cualquier expresión de disenso en los partidos tradicionales.

Organizaciones que confluyeron con la Unión Patriótica como el Partido Comunista Colombiano, A Luchar, Firmes, sectores de la ANAPO, corrientes progresistas de los partidos liberal y conservador, movimientos indígenas, feministas y religiosos, fueron perseguidos, señalados y pagaron una alta cuota de sacrificio por su decisión de ampliar y fortalecer el espacio de la oposición política en Colombia.

El exterminio de la Unión Patriótica, que se cifra en al menos seis mil víctimas, permanece en medio de la más escandalosa impunidad. Concientes de que este crimen internacional no puede quedar sin castigo y no puede repetirse, la UP presidida en ese entonces por Aida Abella Esquivel, hoy en el exilio, demandó al Estado colombiano por genocidio político ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, requerimiento que fue aceptado por esa instancia internacional.

El genocidio contra la Unión Patriótica expuesto ante la comunidad internacional se constituye en un proceso de la mayor importancia por tratarse de la reivindicación del ejercicio de los derechos políticos de los pueblos. Su reconocimiento no sólo involucra a la UP sino a todos los hombres y mujeres perseguidos y sacrificados por intentar construir desde la civilidad una alternativa que modifique las caducas estructuras políticas y sociales en nuestro país. En el espíritu de este caso, están representados todos aquellos colombianos y colombianas que han luchado y luchan por construir una nación sin exclusiones.

Tras dos décadas del audaz intento de la UP, el panorama de los derechos y las libertades en Colombia es desalentador e inquietante: la intolerancia y el autoritarismo son política de Estado. La protesta social, cualquier forma de disenso y de oposición son calificadas como terrorismo; se niegan las condiciones objetivas del conflicto social y armado en que se debate nuestra nación, dejando de lado no sólo los preceptos constitucionales y los Pactos internacionales suscritos por Colombia, sino la propia realidad.

El poder deshonra la palabra empeñada y pisotea los acuerdos de paz, colocando una lápida a quienes un día sin traicionar sus sueños dejaron las armas y creyeron poder actuar en el escenario de la virtual democracia colombiana. Hoy vuelven a ser víctimas del odio que se proyecta desde los más altos cargos del actual gobierno que continúa ejecutando la guerra sucia. Las masacres y ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de errores militares; las detenciones arbitrarias y juicios amañados presentados como acciones contrainsurgentes; el desplazamiento forzado y el despojo publicitado como guerra al narcotráfico, son elementos cotidianos de la política de “seguridad democrática”.

Todo aquel que hoy en Colombia levante su voz frente al unanimismo y la paramilitarización, es estigmatizado como terrorista. El discurso oficial profundiza la polarización y el odio frente a un pueblo que reclama la tolerancia y la paz. Durante el actual gobierno, se han cometido múltiples violaciones de DDHH contra los sobrevivientes de la UP y los militantes del PCC, quienes siguen siendo víctimas del odio y la intransigencia.

Se perfila, quizás como nunca antes, la puesta en marcha de un proyecto fascista, armado con la motosierra de los paramilitares y el partido de la extrema derecha, cuyo botín de guerra se refleja en un tercio de los miembros del parlamento, cuatrocientas alcaldías, varias gobernaciones, el asalto de los puestos públicos y de los órganos de investigación y control a nivel nacional: es el resultado palpable de la guerra de exterminio que, a sangre y fuego, le arrebató a la oposición política la tierra, los bienes, las curules y la propia vida.

La grave crisis que vivimos no puede ser ajena a ningún demócrata. Aún estamos a tiempo de evitar que nuestro país se precipite por el despeñadero de la guerra civil generalizada y de la intervención norteamericana. La solución política negociada de este conflicto continúa siendo hoy una desesperada urgencia y reclamo de los hombres y mujeres de Colombia que hacen más vigentes que siempre las banderas de la Unión Patriótica de lucha por una paz digna, pronta, democrática y con justicia social.

Es por ello que convocamos a conmemorar el aniversario de la fundación de la Unión Patriótica, en una jornada que permita poner sobre la mesa la importancia de rescatar la memoria de las víctimas por ejercer la oposición política en Colombia. El sacrificio de quienes entregaron su vida, de los que fueron y son perseguidos, obligados al desplazamiento y el exilio; de quienes sufren las consecuencias de los atentados, los despojados, los estigmatizados y también sus familias: sus hijos, sus novias, sus padres, amigos y compañeros.

Convocamos a hacer visible la militancia y el compromiso de los hombres y mujeres que desde el taller y la fábrica; desde el aula y el escenario; en el campo y la ciudad; con la palabra y la bandera empeñaron y empeñan su esfuerzo en la construcción de una Colombia donde todos tengamos cabida.

Convocamos a todos y todas a la reflexión y al debate sobre la importancia que para el Estado democrático de derecho tienen la existencia de la oposición política; las garantías para el ejercicio del disenso y la crítica; la pluralidad de las ideas, de la visión del mundo, del proyecto de país.

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