Han transcurrido 4 años desde que sucedió en el año 2019 el asalto sin precedentes a la Embajada de la República Popular Democrática de Corea ante el Reino de España, bajo el control directo de las autoridades de inteligencia estadounidenses.
Después del incidente, el Gobierno de España publicó los resultados de la investigación preliminar de que un grupo de terroristas compuesto por más de 10 estadounidenses cometió a pleno día la intrusión ilegal en nuestra Embajada y entregó los documentos robados al Buró Federal de Investigación (FBI) y, según el Tratado de extradición con los EE.UU., le exigió el arresto y la extradición de los criminales que ya se fugaron a este país. Sin embargo, los EE.UU. ni profundiza la investigación de los delincuentes estadounidenses involucrados en el caso ni entrega Christopher Ahn al que “capturó” superficialmente.
Él es un criminal grave quien asaltó la inviolable Representación Diplomática junto con los miembros de un grupo conspirador contra la RPD de Corea y causó a los diplomáticos y sus familias daños tanto mental-físicos como materiales, y por lo tanto merece ser condenado a un castigo severo.
No obstante, los EE.UU. insiste en su argumento de que hay que verificar si el ataque contra los funcionarios del país enemigo en ultramar se consideraría como un delito, según sus leyes, en una circunstancia especial en que continúan las relaciones hostiles entre la RPDC y los EE.UU., y no existe ni acuerdo de paz ni relaciones diplomáticas, y ampara y alienta abiertamente los actos terroristas contra nuestros ciudadanos en el extranjero.
Incluso, intenta por todos los medios encubrir el caso difundiendo la opinión de que, aunque se dicte la “sentencia” de extraditar a Christopher Ahn a España, no se podrá llevar a cabo si el secretario de Estado la niega so pretexto de la “seguridad del ciudadano estadounidense”.
Según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, todos los Estados receptores asumen la obligación internacional de garantizar la absoluta seguridad de los representantes diplomáticos acreditados en sus países y, penetrar en los locales de la misión sin consentimiento es precisamente intrusión en el territorio del respectivo país.
La insistencia de los EE.UU. en que los privilegios e inmunidades no se pueden aplicar a los agentes diplomáticos del país enemigo, es realmente un argumento gangsteril y una violación flagrante del derecho internacional.
Si basamos en la insistencia de los EE.UU., podemos sacar una conclusión de que no habría ningún problema, aunque en el futuro fuesen amenazados y perjudicados la seguridad personal y los intereses de los diplomáticos y ciudadanos estadounidenses en ultramar por el país o grupos en relaciones hostiles con los EE.UU.
La realidad vuelve a demostrar claramente que la “gobernación por leyes” abogada tanto por los EE.UU., no pasa de ser instrumento político para presionar a otros países que no son de su agrado, y este país es un Estado gangsteril que no vacila ante nada para sus intereses.
Tales actos de los EE.UU., constituyen claro desprecio y severa ofensa de la soberanía y dignidad de la RPD de Corea.
Ningún país permitirá la violencia y el despojo contra su Representación Diplomática donde se ejerce la sagrada soberanía, y a su personal.
No habrá ni conciliación ni concesión en el asunto, por defender el poder y la dignidad estatales de la RPD de Corea, y proteger la vida y seguridad de nuestros ciudadanos. He aquí nuestra posición de principio invariable.
Los EE.UU. debe pedir
perdón oficial por el asalto contra la Embajada de la RPD de Corea en el
Reino de España, recompensar sus daños, arrestar y entregar
inmediatamente a todos los criminales implicados en el caso.
Y el Gobierno de España, por su parte, deberá esforzarse activamente por la pronta solución del caso a base del principio de independencia e imparcialidad.
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