Puede imaginarse un escenario en el cual un Adolf Hitler resucitado telefonea a Benjamín Netanyahu y después de los saludos de rigor, pide disculpas y da por saldada la deuda contraída por el Estado alemán bajo cuya soberanía el Dr. Josef Mengele utilizó miles de prisioneros para realizar experimentos médicos; lo mismo que apenas un año después, entre 1946 y 1948 hizo el médico norteamericano John Cutler en Guatemala inoculando gonorrea y sífilis a 1500 ciudadanos de ese país para probar el efecto de ciertos medicamentos.
La ironía del símil es que, en 1946 mientras en Guatemala se cometía el atroz crimen, en Europa los investigadores norteamericanos, soviéticos y del resto de los países aliados rastrillaban una y otra vez entre los prisioneros nazis en busca de criminales de guerra para llevarlos ante los tribunales y hacerles pagar sus crímenes; Mengele estuvo entre los que se evadió, ocultándose en su natal Baviera, luego en Italia, Argentina, Paraguay y Brasil donde en 1979, treinta y tres años después de haber cometido sus crímenes, como un inofensivo anciano murió sin sufrir, de infarto cardiaco mientras disfrutaba de un baño de mar.
Al comparar el ADN de los restos encontrados en 1985 en el cementerio de la localidad de Ambu, Sao Paulo, bajo una lápida a nombre de Wölfgang Gërhard con el del hijo del criminal, los investigadores norteamericanos establecieron inequívocamente que pertenecían a Joseph Mengele. Eli M. Rosembaum, director de la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos declaró espantado: “Fuimos sobrepasados por su monstruosidad”.
Por una macabra ironía, el gobierno de los Estados Unidos, el país del mundo donde existen más abogados, jueces, fiscales y cortes por metro cuadrado y donde se puede demandar al gobierno si en una calle mojada alguien resbala, reacciona con increíble frivolidad ante un hecho que debiera escandalizarlo y avergonzarlo.
En este caso lo verdaderamente importante no es averiguar la identidad e individualizar a los culpables, sino establecer la responsabilidad que contrajo el Estado norteamericano bajo cuyos auspicios, en este caso, de una de sus agencias oficiales se cometió el crimen que no ha muerto como el doctor que lo cometió ni prescribe con el paso del tiempo.
Se trata este vez de determinar qué corresponde hacer a los encargados de administrar justicia a nivel internacional cuando un país, por añadidura la mayor superpotencia del planeta, escudándose en acciones de colaboración internacional, engaña a otro gobierno que, actuando de buena fe no se percata del horrible crimen que se comete contra sus ciudadanos.
Esta vez lo que está en juego no es la maldad de un individuo sino la credibilidad y la moralidad de un Estado que ejerce un liderazgo mundial.
Los académicos, científicos y la comunidad médica norteamericana, muchos de cuyos integrantes ahora mismo prestan servicios o realizan investigaciones en diversas partes del mundo, deben ser los primeros interesados en lavar el baldón que ha caído sobre su reputación. Infestar con sífilis y gonorrea a infelices ciudadanos guatemaltecos que creían que iban a ser curados es de una crueldad inaudita.
Naturalmente que no basta con aludir al gobierno norteamericano que, en principio, al más alto nivel, por intermedio de su presidente Barack Obama ha tenido la honradez de reconocer los hechos, sino de observar qué hará Guatemala donde también hay un gobierno cuyo responsabilidad, ayer y hoy es velar por la integridad y seguridad de sus ciudadanos y representarlos; también existen allí abogados, jueces, cortes y fiscales.
Tal vez Guatemala carezca de los recursos científicos y profesionales necesarios para una investigación exhaustiva y puede que ese país no disponga de instrumentos jurídicos apropiados, en cuyo caso puede pedir asistencia a los organismo internacionales para que se involucren; entre otros a la Organización Panamericana de la Salud, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los colegios y asociaciones médicas nacionales, incluyendo las de Estados Unidos y por último a la Corte Penal Internacional.
No se trata de asumir una actitud vengativa ni promover un ajuste de cuentas a los individuos que participaron en la repugnante operación, algunos de ellos ya fallecidos, sino como ocurrió con los crímenes cometido por los nazis en aquella misma época, sentar un precedente que ponga a la humanidad, incluyendo a los ciudadanos de los Estados Unidos a salvo de semejantes actos de barbarie.
Avergüenza creer que la empobrecida Guatemala tendrá que conformarse con una llamada telefónica que por muchos meritos que tenga no lava la culpa ni repara los daños. Veremos.
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