Por Carlos E. Lippo
El pasado domingo 15, el Gran Polo Patriótico (GPP),
fuerza motriz impulsora de la revolución bolivariana, propinó una
contundente derrota electoral a las fuerzas de la contrarrevolución
coaligadas en la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD),
al obtener 18 de las 23 gobernaciones de estado que estaban en disputa
(75 %), con una ventaja total de 9 puntos porcentuales (54 % - 45 %) que
representan algo más de 900.000 votos, en el marco de un proceso
signado por la mayor participación alcanzada en este tipo de elección
(61,4 %) y una de las mayores de los 22 procesos electorales a los que
hemos asistido en estos 18 años de revolución.
Sin
embargo, no se trata sólo de haberle propinado a la MUD una
inobjetable derrota electoral, sino que además le fue propinada una
derrota política de gran significación, puesto que la sola participación
de sus candidatos en un proceso convocado por el Consejo Nacional
Electoral (CNE), en pleno ejercicio de sus atribuciones y en acatamiento
a la orden impartida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC),
instancia plenipotenciaria del país electa el 30 de julio pasado, lleva
implícito el reconocimiento de la legitimidad de origen y de desempeño
de ambas instituciones, algo que hasta ese momento era tercamente negado
por ella y sus mentores internacionales.
Como
además se trata de la misma organización contrarrevolucionaria que
tutelada y financiada por el imperio y sus aliados promovió las cruentas
acciones terroristas que durante los meses de abril, mayo, junio y
julio del presente año generaron 164 víctimas mortales (1), una cantidad
importante de lesionados más o menos graves y cuantiosísimas pérdidas
materiales aún no calculadas con exactitud, la victoria de las fuerzas
de la revolución representan también un paso importante en el proceso de
consolidación de la paz interior, iniciado desde el propio día de la
elección de los miembros de la ANC.
Manteniendo
la misma posición que han sostenido durante los 20 procesos electorales
que han perdido desde 1999, en este caso los opositores también han
alegado fraude, aún antes de que el CNE emitiera el primer boletín
contentivo de los resultados, tal como lo denunció el jefe de su comando
de campaña, Gerardo Blyde, al señalar en rueda de prensa: “Todos nuestros conteos son muy distintos a esos resultados que van a ser anunciados” (2). En la misma rueda de prensa el alcalde Blyde señaló además, con la mayor impudicia y falta de responsabilidad: "En
estos momentos no reconocemos ninguno de los resultados, hemos pedido a
nuestros candidatos que desde mañana planteen actividades de calle en
respaldo a lo que estamos anunciando" (3); como no hace
ninguna excepción en relación a los candidatos que está llamando a
protestar, tenemos por fuerza que asumir que está llamando a protestar
hasta a sus mismos candidatos electos, cuestión que ratificó en otro
momento de la entrevista. Afortunadamente,
tan insensato llamado a la desestabilización no encontró eco en la base
social opositora y el país se mantiene en absoluta calma, al menos
hasta el momento de terminar de escribir estas notas.
Por
nuestra parte, el propio Presidente Maduro reconoció inmediatamente la
totalidad de los resultados divulgados por el CNE en el primer boletín,
felicitando a los gobernadores electos, tanto los del GPP como los
opositores, y ante el desconocimiento que ya había anunciado la
oposición, se le adelantó solicitando una auditoría del 100 % de los
comprobantes de voto emitidos por las máquinas de votación. Tal
auditoría que vendría a sumarse a las 17 auditorías previas al acto
comicial, todas ellas avaladas por los representantes autorizados de la
MUD y a las auditorías realizadas sobre una inmensa cantidad de las
mesas de votación seleccionadas por sorteo al término del acto comicial,
también avaladas por los testigos de la MUD, vendría a refrendar la
pulcritud de unos comicios celebrados con base en el mejor sistema
electoral automatizado del mundo, según lo ha calificado el expresidente
Jimmy Carter en diversas oportunidades, una de ellas en septiembre de
2012 durante su discurso anual en el centro que lleva su nombre, en el
cual señaló textualmente: "De hecho, de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo" (4).
En
demostración de que el juicio anterior sigue siendo un hecho real y
tangible podemos citar el informe final presentado al día siguiente por
los integrantes del “Consejo de Expertos Electorales de América Latina” (Ceela),
que junto a un nutrido grupo de expertos electorales, académicos,
diputados, activistas sociales, políticos, parlamentarios y periodistas,
así como de integrantes de movimientos sociales y de defensa de los
derechos humanos de los Estados Unidos y de numerosos países de América
Latina y Europa que suman más de 150 personalidades, desarrollaron el
llamado “Programa de Acompañamiento Internacional”,
desplegado desde el día jueves 12 de julio bajo los auspicios del CNE,
de acuerdo con lo pautado por la legislación electoral venezolana. El
informe mencionado señala como una de sus principales conclusiones que: “…
en Venezuela se observó un récord de participación en las elecciones de
este domingo y el cumplimento de las auditorías de verificación
ciudadana, posteriores al proceso comicial…” (5); y
podríamos añadir nosotros; todo ello gracias a la determinación del
pueblo revolucionario, que aun inmerso en la terrible guerra económica
que nos viene aplicando el imperio a solicitud de la contra y desafiando
todas sus amenazas, acudió a sufragar masivamente, dando muestras del
más elevado nivel de conciencia política.
Sin
entrar a hacer un análisis de fondo de los resultados del proceso, algo
que dejaremos para una próxima nota, es necesario señalar que no todo
ha sido victoria para la revolución en este proceso, ya que tres de los
estados conquistados por la contrarrevolución (Táchira, Mérida y Zulia)
conforman lo que ellos han dado en llamar la “media luna venezolana”, que
es una región sumamente apetecida por los gobiernos colombianos aun
desde antes de la ruptura de la Gran Colombia en 1830, por proveerles un
fácil acceso al Caribe y por el ende al Océano Atlántico; siendo el
caso, que como muchos recordarán no han sido pocos los llamados a la
secesión de Venezuela hechos por autoridades regionales y locales
opositoras cada vez que han logrado alcanzar el gobierno por vía de su
participación en algún proceso electoral en los últimos 18 años. En
descargo de lo anteriormente dicho podemos señalar que a partir de estas
últimas elecciones hemos logrado reconquistar las gobernaciones de los
estados Lara y Amazonas; el primero de los cuales conforma junto a los
estados Apure, Barinas, Trujillo y Falcón, también controlados por la
revolución una suerte de cerco protector alrededor de esta “media luna”;
mientras que el Amazonas tiene una extensa frontera con la misma
Colombia y con la República Federativa del Brasil. Podemos decir también
que recuperamos la gobernación del muy populoso estado Miranda,
escenario de las más cruentas acciones terroristas de la contra durante
los últimos 4 años, entre otras razones por haber sido “desgobernado” desde hace más de 8 años por Enrique Capriles R., el eterno candidato presidencial perdedor de la contra.
Resulta
imposible terminar esta breve reseña sin antes señalar que se trata del
proceso electoral que ha sufrido el mayor nivel de injerencia
extranjera de estos casi 18 años de revolución; mucho más que la sufrida
por el proceso de elecciones legislativas de 2015 del cual emergió
triunfante la contrarrevolución. Decimos esto porque sin mayores ambages
las más altas autoridades del imperio y sus aliados se adelantaron a
cantar fraude en perjuicio de sus protegidos de la contra aún antes de
celebrarse el proceso, sin duda alguna motivados por el previsible
descalabro que éstos habrían de experimentar. En demostración de lo
anterior y para no alargar en demasía estas notas, sólo mencionaremos
los siguientes casos de injerencia:
Por parte del gobierno de los Estados Unidos:
un comunicado del departamento de estado publicado el 12 de octubre, en
el cual entre otras inaceptables intromisiones se insta al gobierno
revolucionario a aceptar la presencia de observadores (debe entenderse
tutores) internacionales para monitoreo del proceso (6); y una reunión
del secretario de estado Rex Tillerson y el secretario general de la
OEA, Luis Almagro celebrada el día 13, en la cual sin motivación alguna
se insta al gobierno revolucionario a realizar “elecciones más justas” (7) . Por parte de la Unión Europea: que según denuncia de nuestro canciller, ha estado analizando la aplicación de sanciones en contra de Venezuela, “utilizando informes que parecen hechos por la derecha venezolana y corregidas por Estados Unidos”; denuncia
que de alguna manera se ha visto confirmada por una intervención de
Federica Mogherini en una reunión de cancilleres de la UE en cuya agenda
no estaba previsto tratar el “tema Venezuela”,
celebrada el pasado día 16, en la que alejada de la prudencia que
aconseja su elevado cargo diplomático se atrevió a opinar que: "… los resultados son sorprendentes y hay que averiguar qué es lo que ha ocurrido en realidad" (8). Por parte del gobierno Canadá, cuya
embajada en Venezuela divulgó el 12 de octubre a través de su cuenta
Twitter, que su nación estaba muy preocupada por la reubicación de
centros electorales (alrededor del 1 % del total de centros
habilitados), ya que acciones como éstas “son una forma de impedir que las elecciones sean libres y justas” (9). Por parte del gobierno de Colombia, en
cuya representación el presidente Santos, en una alocución televisada
desde el Palacio de Nariño, en el summum del injerencismo y con el
cinismo que le es característico acusó al presidente Maduro de no jugar
limpio, utilizando las siguientes palabras;
"Decir que (...) los que voten en las elecciones con el voto están
aprobando la Asamblea Constituyente y quienes salgan elegidos tienen que
someterse a esa Asamblea Constituyente, eso no es jugar limpio” (10).
Resulta
más que evidente que el impacto adverso de acciones de injerencia como
éstas se ve fuertemente potenciado por la naturaleza de nuestros propios
procesos electorales, heredados del formato falaz de la democracia
burguesa que aún no hemos logrado abatir con estos 18 años de
revolución; un formato según el cual los electores nos vemos compelidos a
votar por candidatos que en la mayoría de los casos no conocemos y bajo
la fuerte influencia de campañas publicitarias diseñadas bajo las
mismas técnicas de mercadeo capitalista aplicables a la promoción y
venta de cualquier producto de consumo masivo. Un formato que como
ningún otro permite la mediatización del electorado por medio de la
explotación de circunstancias inducidas, reales o ficticias.
Es
por ello que es imperativo diseñar un nuevo tipo de procesos
electorales que a la vez que permitan fomentar los vínculos entre los
electores y los elegidos, facilitando la necesaria rendición de cuentas y
la eventual revocación del mandato en caso de ser necesaria, ofrezca
una razonable impunidad ante la fuerte y perniciosa injerencia
extranjera, así como contra ofertas electorales engañosas de cualquiera
de los participantes.
Una
demostración evidente de que el formato electoral puede ser cambiado aun
en el marco de la actual constitución la proveen las bases comiciales
aplicadas con todo éxito en la elección de los miembros de la actual
Asamblea Nacional Constituyente, con candidatos a elegidos en el ámbito
territorial y candidatos procedentes de los más importantes sectores de
nuestra sociedad.
Sin embargo,
nosotros en lo particular nos pronunciamos por un formato electoral
inspirado en el actual sistema de la República de Cuba, que partiendo de
elecciones en las organizaciones de base de la sociedad civil cubana
(Comités de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres, Federación
de Estudiantes Universitarios, Federación de Estudiantes de Enseñanza
Media y Asociación Nacional de Agricultores Pequeños), va escalando por
los niveles municipal y provincial hasta llegar al nivel nacional,
eligiendo en cada uno de ellos a los miembros de los diferentes poderes
públicos, tal como puede observarse en la “Guía Mínima de Elecciones en Cuba”, que hemos incluido en (11).
El
diseño de este nuevo sistema electoral debe ser abordado a partir de la
nueva división político-territorial de la república, resultante de la
implantación del Estado Comunal requerido de manera sine qua non para la
construcción de la prometida democracia socialista. Todo ello debe ser
tarea de primer orden de la actual Asamblea Nacional Constituyente.
Notas
