Por Juan Miguel Baquero, en eldiario.es
"Es lo más duro que he visto", dice un miembro del equipo arqueológico
que participa en la exhumación de víctimas del franquismo en el
cementerio de Puerto Real (Cádiz). Con un centenar de personas
localizadas, y lo que queda, es la mayor fosa común abierta hasta ahora
en la provincia gaditana.
La dureza de las imágenes no llega tan solo por el número
de asesinados que yacen en la sepultura. Las abundantes evidencias de
muerte violenta muestran ensañamiento de los golpistas en el momento
previo a las ejecuciones. Muertos a balazos en la tapia, tirados junto a
la vía del tren para servir de escarmiento, arrojados a la fosa,
cadáveres cubiertos en cal viva para facilitar la descomposición.
Casi 80 años después de los asesinatos, los restos óseos
muestran que hubo tortura, fracturas peri mortem... episodios
infernales. Oculta, en una montonera de huesos, la tumba colectiva se
reivindica como prueba de los crímenes de lesa humanidad cometidos por
el franquismo. No hubo guerra en Puerto Real, pero sí una carnicería que
acabó con cientos de vidas en el pueblo y otros como San Fernando, El
Puerto de Santa María, Cádiz o Chiclana de la Frontera.
El
trabajo en el camposanto aborda una segunda fase que arrancó en
diciembre. La primera, en 2014, recuperó a 35 víctimas. En la
actualidad hay 100 cuerpos localizados. Y
queda una tercera intervención, en la misma fosa, a lo largo de este
mismo año. Una exhumación de la dirección general de Memoria Democrática
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, promovida por la
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Puerto Real, y
en la que participan la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento
puertorrealeño.
"Un día le dijeron a mi madre que no volviera más, que no hacía falta"
"En
esta fosa están mis tres tíos, hermanos de mi madre. Eran hijos de
Cayetano Roldán Moreno, mi abuelo, último alcalde republicano de San
Fernando. A todos los mataron. ¿Razones? Ninguna", dice Juan Manuel
Fernández Roldán. Es uno de los familiares de víctimas del terror
golpista que visitan el trabajo de recuperación de la memoria que se
realiza en el cementerio de San Roque.
Enrique Fernández Infante busca a su abuelo, Andrés.
Quizás esté entre los restos que aparecen en una fosa que acoge como
destino final a ejecutados de diferentes poblaciones de la Bahía de
Cádiz. "Mi madre vio cómo lo detuvieron y lo subieron, junto con otras
dos personas, en un camión salinero. Siempre dijo que lo llevaron al
cementerio de Puerto Real". Andrés Infante era maestro en la escuela de
aprendices.
"Mi padre se ganaba la vida con el
periodismo, tenía una librería… lo que hicieron con él fue un asesinato
puro y duro", relata Elena Fernández Muñoz, hija de José María Fernández
Gómez, alcalde de Puerto Real. "Fue detenido sin orden en su despacho,
trasladado al penal de El Puerto donde permaneció un mes, y un día le
dijeron a mi madre que no volviera más, que no hacía falta. Tenía 33
años".
Cádiz, modelo de colaboración institucional
La
provincia gaditana es un ejemplo del "principio de colaboración" que
señala el director general de Memoria Democrática de la Junta, Javier Giráldez.
La exhumación de fosas como "importante" labor "que estamos haciendo
entre todos pero falta un elemento fundamental que es el Gobierno del
Estado, que hace cuatro años no aporta ni un solo recurso y es una
pena", subraya.
La Diputación de Cádiz, por su parte, ha restablecido el servicio de Memoria Histórica coordinado por Carlos Perales
e inactivo en el mandato 2011-2015 por decisión del anterior equipo de
Gobierno de la Corporación Provincial, en manos del PP. La colaboración
del ente en el estudio antropológico de los restos hallados "traslada"
el "compromiso real con todas las víctimas y familiares", en palabras de
la diputada Elena Anaya.
En la exhumación de la fosa común del cementerio de Puerto Real "encontramos todas las evidencias de lo que a todas luces son crímenes de lesa humanidad", dice el arqueólogo Jesús Román
El Ayuntamiento de Puerto Real, por su parte, aporta
personal y maquinaria municipal necesaria en la tarea arqueológica. "Con
sus manos –el equipo técnico– están desenterrando cadáveres, cuerpos, y
también la verdad, la justicia, el reencuentro con sus seres queridos",
manifiesta el concejal Juan Antonio Pontones.
De
los ejecutados que aparecen en la excavación de la fosa común, "el 90
por ciento de ellos tienen episodios violentos, huesos rotos antes y
durante la hora de la muerte", detalla el presidente de la ARMH
puertorrealeña, Francisco Aragón. Para la
asociación "y los familiares", dice, el trabajo exhumatorio supone
"culminar unos objetivos que nos propusimos desde el año 2003".
La
mayor sepultura ilegal abierta en Cádiz, en espera de intervenir en
otras como la de Jerez de la Frontera o la propia capital gaditana, como
ejemplo de la suma del empuje de la sociedad civil y la colaboración
institucional. Con el Gobierno de la Nación mirando hacia otro lado.
"Estas personas, las víctimas, son de todos", traza Javier Giráldez.
"Ya el año pasado, en la intervención anterior, recuperamos 35 cuerpos", según el arqueólogo Jesús Román, director de una exhumación que cuenta con los antropólogos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pecero.
En aquel momento, otras tres víctimas quedaron "perfiladas", como
indicio de la continuación de la fosa. A la tercera fase se llegará con
más de 100 individuos localizados y la cifra final será una incógnita
hasta el último momento.
Lo que está claro, precisa Román, "es que encontramos todas las evidencias de lo que a todas luces son crímenes de lesa humanidad".
Lo que está claro, precisa Román, "es que encontramos todas las evidencias de lo que a todas luces son crímenes de lesa humanidad".
No hay comentarios:
Publicar un comentario