En el mundo de la economía, donde las matemáticas generan una hipersensibilidad ciudadana digna de un laboratorio de física cuántica, cualquier decisión enciende polémicas. Sucede hasta con medidas igual de soñadas que esquivas, como las reducciones de precios o las alzas de salarios. Algo oí, por ejemplo, con el sólido incremento salarial acordado para los trabajadores de la medicina a partir de este mes de junio. Aunque ampliamente merecido, por la misión que cumplen en suelo cubano y allende los mares, y por su tributo en moneda dura al país –casi el triple del aporte del turismo-, siempre hubo algún observador contrariado.
La controversia suele arder más con otros movimientos. Es el caso de la Ley de Inversión Extranjera, refrendada por el Parlamento cubano también a finales de marzo pasado.
Eje de una de las recetas neoliberales más dañinas en la historia global, la entrada descontrolada de capital foráneo en naciones del sur ha motivado duras y justas críticas. Con tal antecedente, aparecieron muecas de desconfianza cuando nuestro Gobierno volvió los ojos hacia los inversionistas de otros países. ¿Se propone beber Cuba de tan peligrosa fuente? ¿Renunciará a la soberanía económica?
Tampoco faltaron dudas o cuestionamientos en relación con el alcance real o los beneficios calculados para ese paso.
La ley en verdad solo es la letra. Lo que cuenta es la voluntad y la manera de aplicarla. No faltan ejemplos de alguna disposición legal engavetada, mientras la praxis tomaba por senderos espinosos. A la nueva norma le preceden señales de un cambio sustancial de la política en ese terreno. Aunque en la sesión parlamentaria quedó reiterado el carácter complementario del capital extranjero, sucesivas declaraciones le han reconocido una importancia prioritaria o decisiva, a fin de superar los bajos niveles de crecimiento de la economía cubana.
El jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo, coincidió con economistas cubanos que ven necesario un crecimiento de la economía superior a siete por ciento anual para transitar hacia el desarrollo. No se lograría con el magro avance del producto interno bruto (PIB) de los últimos años –entre dos y tres por ciento-, ni con inversiones extranjeras directas por debajo de dos mil millones de dólares, varias veces lo conseguido en mejores años.
Si el discurso oficial minimizó en otros tiempos esa opción frente al monto siempre superior de las inversiones del Estado, lo cierto es que la asociación con firmas foráneas constituye el puntal de sectores clave en la exportación cubana de bienes y servicios: turismo, níquel y tabaco, por citar tres entre los primeros. También financió una expansión impensable antes en la producción petrolera, alivio energético muy oportuno para nuestro país en los años 90.
Ante tal evidencia, la política suma ahora al abanico priorizado para tal inversión a sectores casi ausentes antes en la mesa de negociaciones a pesar de su importancia, como la agricultura y la industria azucarera.
¿Se rinde Cuba al capital extranjero? No lo creo. Solo lo asume como alternativa necesaria para cualquier economía del mundo, incluidas las más poderosas. Es una fuente de financiamiento y de tecnologías, que posibilita además la formación de las llamadas cadenas productivas o de valor con empresas de otros países, imprescindibles para entrar en mercados externos y ampliar las exportaciones. Prueba su utilidad el flujo de turistas hacia Cuba a cuenta de asociaciones con firmas hoteleras y agencias de viajes europeas desde hace unos 25 años.
Entonces, ¿cuál es la novedad, si ya los cubanos hemos andado por esos caminos? La ley anterior, la 77 de 1995, era bastante avanzada, a mi juicio. La nueva, a tono con la decisión de promover esas inversiones, incorpora reglas más flexibles y otros anzuelos tributarios, para hacer más tentadora a los empresarios extranjeros la oferta de un país que cuenta, además, con el atractivo de un capital humano reconocido internacionalmente por su calificación. También establece principios salariales más justos para los trabajadores de empresas mixtas y asociaciones de similar perfil.
Pero el cambio más importante lo observo por el lado de la intención política, independientemente de las innovaciones en la ley.
En años anteriores, más de un negocio con capital extranjero extravió los rumbos pactados y los aportes reales a la economía cubana. Exportaciones, sustitución de importaciones, innovaciones tecnológicas, recapitalización industrial, recuperaciones productivas u otros beneficios quedaron en la letra de los contratos. El provecho se limitó en muchos casos al escuálido cobro de divisas a la firma extranjera por concepto del salario que la entidad empleadora nacional pagaba en pesos cubanos al personal contratado por la primera.
Ahora, Cuba renuncia a esa función recaudatoria de la empresa empleadora y apuesta a hacer negocios verdaderos, como augura ya la aproximación de unas 15 compañías de Brasil, China y otros países al enclave proa de esta nueva etapa de fomento de inversiones extranjeras: la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.
No se trata, en fin, de entregarse mansamente, ni de rehuirle a esa opción porque alguna vez se les fue de las manos a empresas u organismos estatales. Tampoco sirve de nada cruzar los dedos azogados por el origen capitalista de socios potenciales. Debilitada por los años críticos del período especial y el bloqueo económico estadounidense, Cuba tiene una oportunidad: desplegar inteligencia y luz larga para coger el capital por los cuernos.
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