Enviado por la Verdad de Venezuela
Conflicto prefabricado por Washington y Exxon en
Guyana; escalada de paramilitares colombianos al interior de Venezuela. Son
parte de una pretendida operación de cerco y aniquilamiento contra la
Revolución. La unión cívico militar garantiza que ese objetivo no se cumplirá.
Pero Estados Unidos y sus socios de la MUD tienen como objetivo mínimo desatar
situaciones de confrontación bélica al interior de un proceso constitucional y
pacifico. Cada episodio es magnificado por la prensa comercial en todo el
mundo. Por eso urge estar alerta y enfrentar la embestida paramilitar y
pseudoperiodística con la Verdad de Venezuela.
Paramilitares
infiltrados en la Misión Vivienda
El
gobierno dispuso el inicio de la Operación de Liberación y Protección del
Pueblo, que ya desarticuló siete bandas delictivas sólo en la región central y
capital del país. Desde las zonas ocupadas, los “paracos” sometían a los
habitantes en los barrios y gestaban actos criminales incluyendo sicariato,
extorsión y secuestro. Además, establecieron campamentos en zonas rurales y de
montaña que servían de base logística para sus operaciones, según explicó
Nicolás Maduro el pasado 23 de julio. Mientras mostraba imágenes de los acampes
y las armas confiscadas, vinculó a estos grupos con la derecha venezolana.
En
la Cota 905 de Caracas la operación detuvo a 134 personas y retuvo armas,
narcóticos y dólares que utilizaban con fines extorsivos. De acuerdo a la
información oficial 32 de los detenidos eran de origen extranjero y estaban
vinculados al paramilitarismo colombiano. El operativo, realizado de forma
conjunta por los distintos cuerpos de seguridad del Estado, dejó como saldo 14
muertos y un herido.
En
otra de las incursiones, en Ciudad Tiuna, hubo un total de 102 detenidos que
las autoridades conectaron directamente con el paramilitarismo. En sus áreas de
influencia traficaban drogas y poseían armas cortas, munición y mercancía para
contrabando. Además, habían desplazado a doce propietarios de sus viviendas.
Mil
efectivos participaron del tercer procedimiento en magnitud, realizado en las
urbanizaciones Betania IV y V, en el Estado de Miranda. Allí eran 200 los
beneficiarios de la Gran Misión Vivienda afectados directamente.
El
ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo
González López, explicó que el objetivo de la Operación es “liberar el
territorio de la actividad criminal y proteger a nuestro pueblo”. El presidente
Nicolás Maduro afirmó que “el paramilitarismo, el narcotráfico colombiano y
toda esa conspiración ha venido a apoderarse, a contratar, a controlar e
instaurar un modelo que le ha hecho mucho daño a nuestra hermana Colombia”.
“Estoy firmemente decidido a desmontarlo, a enfrentarlo, a derrotarlo, con la
unión de todo nuestro pueblo”, aseguró.
Bandas
criminales se instalaron en distintos puntos del país para erosionar los
cimientos de la Revolución Bolivariana
Ya
el pasado 18 de junio, durante una cadena nacional transmitida desde el Palacio
de Miraflores, Maduro había llamado a los habitantes de las edificaciones de la
Misión Vivienda a sumarse a las denuncias para lograr la paz y erradicar la
delincuencia. También advirtió que quienes delincan serán separados de sus
residencias. “La Gran Misión Vivienda no se hizo para malandros ni delincuentes
y quiero todo el apoyo del pueblo que está en la Gran Misión Vivienda
Venezuela”, reforzó el presidente.
El
que recibió fuertes críticas del gobierno venezolano por su falta de
cooperación fue el gobernador de Miranda, el opositor Henrique Capriles
Radonski, a quien Maduro acusó de “trabajar para coordinar con los ‘malandros’
para tirárselos al pueblo encima”. “Cree que destruyendo Venezuela algún día
será presidente”, agregó, “pero ese día jamás llegará”.
Ley
Mordaza: la doble moral del gobierno español
Uno
de los sonsonetes más machaconamente utilizados contra la República Bolivariana
de Venezuela es el de la supuesta asfixia de la libertad de expresión en este
país. El coro mediático internacional se encarga de amplificar quejas y montar
campañas, sin escrúpulo alguno ante la evidencia de su falsedad, comprobable
por cualquiera que viva o pase unos días en Venezuela.
La libertad de expresión no sólo está garantizada
por la Constitución y las leyes bolivarianas, sino que se palpa y extiende día
a día. En los últimos 15 años, los medios de comunicación radiales y
televisivos en Venezuela se han expandido más de 60 %. “Hay casi 200 radios más
que en 1998. Había 36 televisoras privadas de señal abierta en 1998, hoy hay
63”, informa el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel), William Castillo. En Venezuela hay 97 diarios privados que circulan
con la mayor libertad en sus ámbitos nacionales o regionales, y ocho diarios
públicos, de los cuales uno solo, el Correo del Orinoco, tiene una circulación
nacional.
Además,
el país dispone de más de tres mil sitios de conexiones gratuitas inalámbricas
sin límite a Internet, así como 62 % de penetración de Internet. Más de 16
millones de usuarios tienen acceso constante, y existen mil sitios de conexión
a través de los Infocentros.
Esta
situación contrasta fuertemente con las agresiones legales y la censura a la
libertad de expresión que están sufriendo otros pueblos, como es el caso
reciente de España, donde entró en vigor desde principios de julio una Ley de
Seguridad Ciudadana conocida como “Ley Mordaza”, diseñada a medida para
castigar las movilizaciones populares en la calle y en las redes sociales. Con
esta Ley las “infracciones sancionables” pasan de 19 a 44 y se establecen
multas con cantidades que pueden ir de los 30 mil a los 600 mil euros y cuyo
impago puede generar el inmediato embargo de bienes. (El Salario Mínimo
Interprofesional está fijado en 757 euros al mes y más del 60 % de los
trabajadores viven hoy con ingresos inferiores a los mil euros mensuales). Todo
ello con el fin de crear un agresivo clima de coerción e intimidación a la
ciudadanía. Las infracciones estipuladas expresan un cuadro realmente
amenazador para la convivencia democrática y representan el gravísimo retroceso
que el gobierno del PP está imponiendo en el respeto de los derechos humanos y
en el control de la expresión pública de cualquier forma de desacuerdo o
rechazo a las medidas abusivas y antisociales que adoptan de forma continuada.
Juristas,
catedráticos de derecho, periodistas, fuerzas políticas, plataformas de
ciberactivismo...todos han calificado sin excepción las nuevas normativas como
el mayor atentado a la libertad de expresión en España desde la muerte del
dictador Franco en 1975. La mayoría de fuerzas políticas presentes en el
Congreso de Diputados han presentado un recurso al Tribunal Constitucional por
considerar que la Ley Mordaza impone un Estado policial y vulnera 12 artículos
de la Constitución que afectan al derecho a la dignidad de la persona, a la integridad física y moral, al derecho de
reunión y manifestación, a la libertad de información y a los derechos de los
inmigrantes, además de vulnerar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Por su parte, expertos y relatores en derechos
humanos de la ONU afirman que “el texto incluye definiciones amplias o ambiguas
que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley
por parte de las autoridades” que “amenazan con violar derechos y libertades
fundamentales de los individuos”. “La llamada ‘Ley Mordaza’ vulnera la propia
esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de
actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental,
limitando marcadamente el ejercicio del mismo” y “restringe de manera
innecesaria y desproporcionada libertades básicas como el ejercicio colectivo
del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”.
Se han desarrollado numerosas manifestaciones contra
esta ley y los días anteriores a su entrada en vigor la prensa crítica y las
redes sociales se llenaron de imágenes y viñetas de denuncia, susceptibles de
ser sancionadas a partir de ahora.
El presidente de la República Bolivariana de
Venezuela Nicolás Maduro criticó severamente la Ley Mordaza aprobada en España
expresando que “es una ley que viola los derechos humanos, es una ley fascista,
la Asamblea Nacional de Venezuela va a empezar a denunciar la Ley Mordaza de
Rajoy en todos los escenarios parlamentarios del mundo” y afirmó que “en
Venezuela jamás habrá una Ley Mordaza, ese es el régimen que quieren imponer en
Venezuela los sectores de oposición que son financiados por Rajoy”.
Legítimo
reclamo por el Esequibo
Venezuela y Guyana mantienen una controversia
limítrofe-territorial histórica debido a los 159 mil kilómetros en disputa que
cada país dice pertenecerle; pero la Guyana Esequiba, la zona en reclamación,
pertenece a la República Bolivariana de Venezuela desde 1810 y según el Acuerdo
de Ginebra de 1966, tal conflicto debe solventarse a través de mutuo acuerdo.
Uno de los temas fundamentales a
conocer es que Esequibo posee grandes riquezas naturales que le confieren un
alto potencial, desde el punto de vista de los recursos: forestales, mineros,
energéticos, hidráulicos y turísticos. La explotación de esas riquezas no ha
podido ser realizada a gran escala, conservándose como el factor de valor
estratégico más importante de la zona. En el orden minero, el Esequibo posee
bauxita, manganeso, oro y diamantes, caolín, arenas, arcilla.
Imprevistamente, el actual
ministro guyanés, Carl Greenidge, indicó recientemente que su país pedirá a la
ONU resolver legalmente la disputa territorial por Esequibo pero lo que no dice
el ministro es que su Gobierno ha actuado de manera autoritaria en cuanto a la
propiedad de los 159 mil kilómetros cuadrados que deben incluirse al mapa de
Venezuela.
Una muestra de ello ha sido
la concesión a la estadounidense Exxon Mobil para que inicie la explotación
petrolera en aguas que no pertenecen a Guyana, en las cuales el pasado 20 de
mayo, se anunció el hallazgo de un yacimiento de petróleo en el bloque
Stabroek, ubicado a unos 190 kilómetros (120 millas) de la costa guyanesa.
Además, es muy significativo que este “contencioso” haya sido detonado
justamente en un momento en que el proceso revolucionario que conduce el
presidente Nicolás Maduro, enfrenta una campaña desestabilizadora de gran
magnitud.
Ante el hallazgo petrolero en
Esequibo, el gobierno de Venezuela ha ratificado sus derechos sobre esa franja
territorial. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, informó que se
envió un comunicado a la empresa Exxon Mobil para que se retire de las aguas
donde explota petróleo. Por su parte, el presidente Maduro acusó a las autoridades
guyanesas de mentir y crear un clima hostil contra su Gobierno. El 1 de mayo,
Guyana llamó a Venezuela a que "desista
de obstruir los esfuerzos de exploración petrolífera” del gigante petrolero
Exxon Mobil; dos días después, el gobierno venezolano rechazó el comunicado
emitido por el vecino país.
Sin dudas, detrás de la Exxon se
mueve el gobierno estadounidense, ya que reiteradamente ha mostrado su
intención injerencista en los asuntos políticos de Venezuela. Ahora, en la
disputa por el Esequibo el interés es especial: extraer crudo sin cautela. El
gobierno de Barack Obama busca transformar en conflicto bilateral la disputa
territorial por el Esequibo, para asegurar sus intereses económicos en la
región.
La estratagema de Estados Unidos
en este diferendo se puede descifrar al analizar la visita del coordinador de
Asuntos Energéticos Internacionales del Departamento de Estados Unidos, David
Goldwin, a Guyana en 2010; cuando la Casa Blanca manifestó su interés en
incluir a la nación caribeña en su programa de gestión y capacitación
energética. Goldwin cumplió con el que sería el primer objetivo de Washington:
abrir la puerta a Guyana a la presencia de los estadounidenses y sus empresas
en el país. Convirtió al gobierno presidido por David Granger en una
herramienta en manos de conocidas empresas petroleras, especialmente la Exxon
Mobil.
Todo indicaría que la
insistencia de Obama en desviar la orientación y el proyecto de Petrocaribe
tiene que ver con fijar posición en la disputa territorial, que data de
décadas. En tanto, Venezuela reitera la petición al gobierno de Guyana para que
“recapacite” y respete el Derecho Internacional, así como el acuerdo de Ginebra
en relación al diferendo por el territorio Esequibo. El gobierno bolivariano
intenta así preservar las relaciones diplomáticas y de hermandad entre ambas
naciones, lo cual fue manifestado a través de una carta enviada a los ministros
de Relaciones Exteriores del Mercosur, a propósito de la cumbre semestral de
este bloque celebrada en Brasil. En la misiva se asegura que Guyana permitió
que Exxon Mobil “delineara un enorme espacio marítimo, sujeto a reclamación, y
que ellos unilateralmente denominan ‘Bloque Starbroke’, para ahora, pretender
permitirle explotar a sus anchas una enorme área rica en recursos naturales”.
El reclamo de Venezuela sobre el Esequibo está
avalado por la Organización de las Naciones Unidas, tras ser firmado el Acuerdo
de Ginebra en 1966. Ese tratado, entre otros puntos, establece que el Esequibo
no debe explotarse por ser una zona en reclamación. No obstante, el gobierno de
Guyana ha violado el Acuerdo de Ginebra en más de 15 ocasiones y ha otorgado
concesiones a empresas extranjeras para explotar el Esequibo. En ese marco es
que aparece Exxon Mobil.
No hay comentarios:
Publicar un comentario