Por Carmela Negrete, enviado desde eldiario.es
Kerem Schamberger ha estudiado comunicación en la Universidad Ludwig
Maximilian (LMU) y pretendía comenzar un doctorado el 1 de octubre. En
Alemania, los doctorados por lo general se llevan a cabo mediante un
contrato laboral que incluye una parte de investigación
y otra de docencia en la Universidad en la que se desarrolla.
El joven, de 30 años, no ha podido comenzar aún su relación laboral con
dicha institución porque según un decreto que data de 1972 todos los
funcionarios o personas que trabajan en el sector público han de ser
controladas por el Estado frente a su posible radicalismo,
para lo cual deben presentar una aprobación del servicio secreto alemán
interno (lo que vendría a ser el CNI español)
La razón es que Schamberger no solo es comunista, sino que además es
portavoz del partido comunista alemán DKP en Múnich. A pesar de que es
un partido legal, se encuentra bajo vigilancia de la Oficina
Federal de Protección de la Constitución (el Verfassungsschutz), que lo califica de extremista.
La Universidad conocía la norma y la posición de Kerem en el partido
comunista, por lo que pidió a las autoridades dicho consentimiento ya en
julio. Sin embargo, este organismo aún no se ha pronunciado sobre la
fiabilidad ideológica de Schamberger, con lo cual
no ha podido comenzar a trabajar hasta el momento. Según el profesor
Michael Meyen, que lleva la tesis de Kerem, en declaraciones al diario
Süddeutsche Zeitung, éste ha sido un alumno excelente y asegura que
tiene interés en contratarle “no porque sea comunista,
ni tampoco a pesar de ello”.
Para Kerem, se trata de una exclusión práctica de la función docente
para los comunistas. Y ello supondría un hecho anticonstitucional, ya
que la Carta Magna alemana garantiza la elección libre de una profesión.
Schamberger asegura a este diario que de esta forma “se demoniza a los
comunistas”, y explica que esta medida sirve como forma de intimidación:
“Conozco a jóvenes que querían entrar en el partido pero que se lo
piensan dos y tres veces antes de hacerlo, porque
saben las consecuencias que puede tener en el caso de querer hacer
carrera en el sector público”, asegura.
Schamberger explica además que en los últimos días, desde que se hizo
pública la noticia, ha recibido numerosas muestras de solidaridad, desde
los partidos políticos socialdemócrata SPD, Los Verdes (Die Grüne) y La
Izquierda (Die Linke), así como de los sindicatos.
Herta Däubler-Gmelin, abogada de Kerem y ministra de Justicia entre 1998 y 2002– ha declarado al Süddeutsche que la actuación del servicio de protección a la Constitución “seguramente no es legal”. A raíz del suceso, se debatirá
en el parlamento regional de Baviera la idoneidad de dicha ley, creada en el contexto de la guerra fría.
Las autoridades han comunicado a la prensa que no se pueden dar a
conocer datos del caso por cuestiones de privacidad del afectado, así
como que en ocasiones se tarda más tiempo en recibir una respuesta a
este tipo de consultas porque hay que “comprobar todos
los hechos”.
Esta no es la primera vez que Kerem Schamberger se ve en apuros por sus
ideas políticas. En 2014 el Commerzbank cerró sin previo aviso su cuenta
bancaria, como se contó en este medio. Kerem
veía detrás de esta acción asimismo una motivación política y cómo no pudo hacer nada para impedirla.
Limpieza ideológica de facto
El llamado “Decreto de los radicales” (Radikalenerlass, en alemán) fue
promulgado en 1972 bajo el Gobierno de Willy Brandt. En dicha ley se
especifica que la fidelidad al orden constitucional actual debe ser un
requisito para poder trabajar en el sector público.
Pertenecer a una organización catalogada por el servicio secreto
interno alemán como peligrosa para dicho orden era excluyente de la
función pública.
Ya en los 50 y 60 algunos candidatos a funcionarios fueron rechazados,
pero a partir de entonces se mencionaba dicho requisito explícitamente.
La guerra fría no solo continuaba su curso, sino que se acentuaba. De
ahí que el Estado alemán pretendiese de ese
modo acabar con todo tipo de influencia de su enemigo comunista en el
interior del Estado.
La prohibición de ejercer una profesión pública por motivos políticos
afectó durante décadas a personas que pretendían trabajar por ejemplo
como profesores o como conductores de tren, ya que a estas profesiones
se accedía únicamente a través del empleo público.
Desde que la ley se creó hasta 1991 alrededor de 1,4 millones de
personas tuvieron que pasar por dicho proceso de control.
Esta praxis fue muy criticada en el interior de Alemania, así como en el
exterior. En Francia por ejemplo François Mitterrand, el entonces
presidente del partido socialista, se opuso a dicha ley. Las personas
afectadas por el decreto continúan aún hoy reclamando
una reparación y rehabilitación de su función pública.
Después de la caída del muro de Berlín, en el este de Alemania hubo una
auténtica limpieza en el profesorado, desde infantil a universitario.
Cientos de profesores fueron despedidos por su relación con el
comunismo. Muchos investigadores se marcharon al extranjero
a otras universidades, otros se reciclaron en la empresa privada con
otras profesiones. La democracia de mercado de la Alemania reunificada
demostraba en aquel momento muy poca flexibilidad.
Aunque la legislación continúa vigente, en cada Estado alemán se aplica
de forma diferente. Por una parte existe la autocensura de la que
hablaba Kerem Schamberger más arriba, en el sentido de que las personas
que ya saben desde muy pronto que quieren dedicarse
a la función pública no suelen formar parte oficial en organizaciones
vigiladas. Por otro lado, la justicia ha ido dando la razón en parte a
quien se ha mostrado contrario a que siga vigente una ley creada en un
contexto muy diferente al actual.
En 1995 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el Estado
alemán había actuado en contra de los artículos 10 y 11 de la Convención
Europea de Derechos Humanos al haber suspendido a una maestra por el
mero hecho de pertenecer al partido comunista
DKP. Dichos artículos garantizan la libertad de opinión y reunión. La
maestra Dorothea Voigt recuperó su empleo y el Estado alemán fue
condenado a pagar una multa.
En 2004 el profesor de instituto Michael Csaszkóczy fue suspendido de la
función pública por sus actividades como activista antifascista. A
pesar de no haber sido condenado por crimen alguno, durante 25 años el
servicio secreto le tuvo sometido a vigilancia
y en 2004 le despidieron por formar parte de la comitiva de la
asociación Rote Hilfe, que se encarga de ofrecer ayuda jurídica a
activistas cuando se encuentran con problemas legales.
En 2007 Csaszkóczy ganó un juicio y volvió a su puesto como profesor.
Seguramente Kerem conseguirá su puesto en la Universidad, pero el
tufillo a guerra fría y a las dos Alemanias no ha desaparecido del todo
en el país.
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