Por Purificación González de la Blanca
La visita a Hannover del terrorista Obama este pasado fin de semana
ha tratado de dar un impulso al
acuerdo sobre el TTIP, en vísperas del comienzo de la próxima ronda de
negociaciones entre
ambas delegaciones que están teniendo lugar esta semana en Nueva York.
La visita tuvo la réplica en forma de numerosas protestas. Más de 50.000 personas se echaron a la calle para protestar
y mostrar su oposición al tratado y activistas de Greenpeace descolgaron una pancarta en la que junto al rostro de Obama se podía leer: Yes,
we can stop TTIP (Sí, podemos parar el TTIP).
El TTIP
contempla la creación de un tribunal para que las compañías puedan demandar a los gobiernos si
consideran que sus inversiones
se ven perjudicadas por la legislación de cada país. Y la
"armonización" (a la baja) de los criterios sobre salud y medio ambiente
de productos y servicios nos dejará más desprotegidos como
ciudadanos y consumidores frente a las grandes empresas.
Las negociaciones sobre el TTIP se llevan a cabo en el más absoluto de
los secretos y está prohibido reproducir, fotocopiar, fotografiar
un solo renglón de lo que se pretende convertir en tratado. ¿Qué clase
de gobernantes hay en la Unión Europea? ¿Por qué hablan de democracia y
de transparencia?
El 19 de febrero 2016 las empresas Cosigo Ressources (Canada) y Tobie Mining and Energy (EEUU) presentaron una denuncia
ante un tribunal de arbitraje en Tejas.
Para
ello, se sirven del tratado de libre comercio por el cual empresas
pueden denunciar al estado ante tribunales privados, en caso de que
estándares laborales, ambientales o sociales disminuyan sus beneficios.
La licencias mineras de las empresas se situan dentro del Parque Nacional Yaigojé Apaporisen
la parte colombiana de la región amazónica. La selva que linda con la
frontera con Brasil es hogar de siete pueblos indígenas y alberga una
gran biodiversidad
de animales, plantas y paisajes. El parque nacional se fundó
oficialmente en el año 2009 gracias al empeño de los indígenas.
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Pero entonces, las empresas auríferas pretenden hacer palanca a la
justicia y la soberanía del país sudamericano por medio de un tribunal
privado en Tejas - sin posibilidad de apelaciones. El tribunal de
negocios deberá decidir en sesiones a puerta cerrada
sobre la cantidad increíble de más de 14 mil millones de Euros (al
cambio) –como compensaciones por el supuesto valor del depósito de oro
que la empresa pretendía explotar.
Esa es la normativa que pretenden implantar en Europa.
Se trata, en
definitiva de que nadie pueda poner cortapisas a la explotación pura y
dura de los recursos por parte de los grandes grupos empresariales (como
la Barry Gold, por ejemplo, que tiene a Aznar
en su nómina)
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