Denuncia del Presidente Nicolás Maduro sobre nuevas acciones en el marco del Golpe continuado en Venezuela

DENUNCIA DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO ANTE EL PAÍS Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL SOBRE NUEVAS ACCIONES EN EL MARCO DEL GOLPE CONTINUADO CONTRA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA INJERENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha venido denunciando desde el año 2014 la actuación de la derecha venezolana y de factores extranjeros para derrocar al gobierno democráticamente constituido en el país. Las violentas agresiones contra la democracia venezolana provienen de los sectores de la ultraderecha extrema y violenta que han tenido como objetivo amenazar la estabilidad del sistema democrático, tratando de imponer su agenda por encima de la voluntad popular que se ha ratificado sucesivamente en las distintas elecciones de los últimos 15 años en el país.

 

Desde el 23 de enero del año 2014, estos grupos desestabilizadores echaron a andar una nueva arremetida contra la democracia venezolana. El plan denominado “La Salida” hizo un llamado a manifestaciones supuestamente pacíficas. Sin embargo, la acción orquestada por estos factores, pronto devino en una ola de violencia desmedida en algunos estados y municipios del país, controlados por autoridades locales contrarias al gobierno revolucionario.

 

En este contexto Leopoldo López, dirigente del Partido Voluntad  Popular, declaró a través de las redes sociales: “Hemos planteado la necesidad de una salida al desastre, una salida que pasa por construir una fuerza popular que esté activa en las calles” “Nos vemos en las calles de Venezuela”, precisó, al tiempo que manifestó que el país se acerca a “La Salida y al cambio”.

 

Este llamado fue secundado por distintos sectores de la derecha venezolana que echaban a andar el plan desestabilizador y que condujo a las acciones violentas y vandálicas que comenzaron el 12 de febrero de 2014.  El trágico saldo de la acción perpetrada por este grupo dejó un total de 43 muertes, cientos de lesionados y daños incalculables al patrimonio público.

 

Los acontecimientos violentos propiciados por estos sectores de la oposición, fueron tergiversados por los medios de comunicación nacional e internacionales haciéndolos ver como manifestaciones “pacíficas” que fueron objeto de represión por parte del gobierno venezolano, señalando la acción de los agentes de orden público que ejercieron en defensa del pueblo y de la paz del país, como violatorias de los derechos humanos.

 

Una vez fracasada esa escalada de violencia sin sentido, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado sincero al diálogo y al entendimiento. Con la participación de la UNASUR se impulsó una mesa en la cual se convocaron a esos factores. Sin embargo, este esfuerzo fue depreciado por parte de la oposición venezolana. Una vez más la agenda que asumieron fue la de la acción desestabilizadora. A partir de ese punto se recrudeció la acción del golpe continuado en el país. Los sectores de oposición, con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, han aplicado un plan para intentar vulnerar el orden constitucional y derrocar al gobierno.

 

Debido al fracaso de la violencia creada en las calles, la burguesía desató la guerra económica contra el pueblo venezolano, buscando con ello crear un clima de insatisfacción en los sectores populares que produjera saqueos y un estallido social. De esta forma, por la vía del acaparamiento, la especulación y el contrabando, se quiso privar al pueblo venezolano de los principales productos para la alimentación y la higiene.   Esta acción, aún en desarrollo, está siendo desmontada por el Gobierno Bolivariano, el cual ha dedicado grandes esfuerzos por frenar la guerra contra la economía, que afecta directamente al pueblo venezolano.

 

Así mismo, el Gobierno Bolivariano logró desactivar una nueva acción, esta vez concebida en el plano militar. Un grupo de oficiales de la aviación pretendía provocar un hecho violento contra el Presidente de la República y algunas instituciones fundamentales del Estado. El plan golpista estuvo orquestado por sectores de la ultraderecha venezolana quienes ofrecieron dinero y una serie de prebendas a los oficiales que participarían en la acción. Todo esto contó con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América.

 

En dicho plan golpista, cabe resaltar la existencia de un plan para eliminar físicamente al dirigente opositor Leopoldo López, y con ello generar un mayor caos que facilitaría la caída definitiva del Gobierno. Asimismo, es destacable que esta semana varios dirigentes opositores habrían suscrito un documento para la  “transición”, en la que participarían voceros de la oposición política de ultraderecha venezolana, tales como María Corina Machado, Julio Borges, Antonio Ledezma, entre quienes se formaría la eventual Junta de Gobierno.

 

De igual manera, este frustrado golpe de Estado tenía como objetivo la muerte de altos funcionarios del Gobierno Bolivariano, tales como el Presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tibisay Lucena, Jorge Rodríguez y Tareck El Aissami. 

 

En este orden de ideas, es necesario informar que el desmantelamiento de este golpe ha merecido hasta la fecha, la privación de libertad de 10 oficiales, mientras se encuentran en fuga -fuera del país- otros 3 militares.

 

Asimismo se identificaron elementos electrónicos como: computadoras, sables, uniformes, tabletas, ropa usada para el video, fotos de un alcalde de oposición (Antonio Ledezma) y un documento para la “transición” ubicado recientemente en un diario de circulación nacional. Además, los detenidos confesaron que la publicidad en la prensa era una de las señales para la actuación.

 

En este contexto, se han observado las múltiples declaraciones de los políticos opositores, al Gobierno venezolano, que reflejan claramente una postura hacia un cambio de gobierno, al margen de la normativa constitucional vigente, incluso haciendo llamados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para alterar el hilo constitucional en el país; tal y como lo señalara una organización de venezolanos en los Estados Unidos de América en un comunicado donde piden “liberarnos del yugo de la mafia totalitaria que ejerce el poder y ha llevado a Venezuela a la ruina”; o como se aprecia en las declaraciones efectuadas por el dueño de un medio de comunicación escrita el mismo día en que se supone habría ocurrido el atentado golpista: “En Venezuela hay elecciones en 2018, pero la situación es tan catastrófica, el descontento es tan grande en todos los sectores, incluido el chavismo y las Fuerzas Armadas, que puede pasar cualquier cosa”.

 

Todos estos elementos, son una clara evidencia del plan continuo por parte de sectores desestabilizadores en Venezuela, que tienen como firme objetivo vulnerar el orden constitucional del país.

 

Paralelamente a la situación que han intentado crear estos grupos de derecha en nuestro país, se observa una marcada participación o intervención del Gobierno de los Estados Unidos de América.   Sus principales representantes gubernamentales, se han dado a la tarea de emitir juicios desproporcionados y errados sobre la actuación del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros, con miras a crear una matriz internacional, para justificar un golpe de Estado, la intervención extranjera y una llamada “transición pacífica” a la democracia.

 

El Golpe continuado fue preparado por etapas, entre los factores tanto nacionales como internaciones, interesados en la “Salida” del Presidente Maduro y por tanto del Gobierno Revolucionario.

El Gobierno de los Estados Unidos de América, haciendo alarde de su pretendida hegemonía, ha venido incumpliendo sistemáticamente con la obligación internacional de la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela, al desarrollar toda una línea de acciones de carácter declarativo y legislativo, con el fin de desacreditar y perjudicar al Gobierno Bolivariano del Presidente Nicolás Maduro Moros y la institucionalidad democrática venezolana, y con ello subvertir el sistema democrático participativo y protagónico constitucionalmente vigente.

 

En efecto, el Gobierno estadounidense, mediante pronunciamientos oficiales, ha mantenido desde el año 2014 su aviesa conducta de descalificar públicamente las políticas desarrolladas por el Estado venezolano, para enfrentar las situaciones de crisis promovidas por el sector de la ultraderecha política venezolana.

 

Ello se observa cuando, el Secretario de Estado, John Kerry [21.05.2014], tergiversa situaciones puntuales de violencia ocurridas en Venezuela, tildándolas de manifestaciones pacíficas, insiste en la falsa violación de los derechos políticos en nuestro país y se atreve a exigir la liberación de las personas que promovieron actos criminales y de vandalismo, justificándolas en el hecho de que “intentaban ejercer su derecho democrático de expresar disentimiento”.

 

En igual sentido, el Vicepresidente estadounidense, Joe Biden, durante su visita al Brasil [16 y 17.6.2014], expresaba sin disimulo que el Gobierno de los Estados Unidos de América consideraba que había un debilitamiento de las instituciones democráticas venezolanas, lo que se traducía en una falta de democracia y en que no había garantía de los derechos humanos. 

 

El 30 julio de 2014 el Departamento de Estado imponía restricciones al otorgamiento de visas para funcionarios públicos venezolanos, bajo el pretexto de que existía una intimidación judicial de la disidencia política venezolana, así como un uso excesivo de la fuerza para el control de las situaciones de violencia puntual que apenas, para esa fecha, ocurrían aisladamente en entornos urbanos, y que ellos entendían como protestas pacíficas, teniendo como objetivo dicha restricción asegurar que los violadores de derechos humanos rindan cuentas.

 

El Departamento de Estado, a través de su vocera, Jen Psaki, ha brindado declaraciones continuas y reiteradas que sirven para sostener las falsas matrices de opinión sobre la situación económica en nuestro país, así como ha construido una línea de opinión que refiere a la supuesta criminalización de la disidencia política venezolana, obviando los hechos delictivos y vandálicos que líderes políticos de la ultraderecha venezolana alentaron y promovieron directa y públicamente, siendo éstos la verdadera razón de sus procesos judiciales.

 

En este mismo sentido, el Gobierno de los Estados Unidos de América no ha escatimado oportunidades para cuestionar la probidad del sistema judicial venezolano, y en particular cuando se refiere al proceso judicial del ciudadano Leopoldo López.

 

También es importante mencionar que, el Gobierno estadounidense en suEstrategia de Seguridad Nacional para el 2015, mantiene la línea de opinión tergiversada sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, la criminalización de la disidencia política y la prohibición de la libertad de expresión, lo cual tiene el agravante de que establece como línea de acción, continuar apoyando a la oposición política venezolana para el cambio del régimen constitucional democrático, participativo y protagónico en Venezuela.

 

Por otra parte, es imperioso referirse a la nefasta «Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela», sancionada por el Congreso estadounidense y puesta en vigor por el Presidente Barack Obama en diciembre de 2014; pues esa “ley”, de eminente carácter intervencionista, encuentra sustento en la convicción del Gobierno de ese país de que el Gobierno Bolivariano de Venezuela viola los derechos humanos al hacer cumplir la ley y mantener la paz y la seguridad de todos los venezolanos, aun cuando ello signifique impedir que grupúsculos violentos pagados por la ultraderecha política venezolana cometan acciones vandálicas y delictivas.

 

Durante su tramitación parlamentaria, el Gobierno de los Estados Unidos de América manifestó ante el Congreso que a través de las sanciones establecidas en esta “ley”, se favorecerían las pretensiones de la oposición política venezolana.

 

Es necesario mencionar que esa legislación estadounidense establece sanciones de carácter unilateral no autorizadas por el derecho internacional contra los intereses de la Nación venezolana, lo cual, según la doctrina internacionalista contemporánea, sustentada en la reciente jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y en la práctica de los órganos del sistema de las Naciones Unidas, es una violación del principio fundamental de la no intervención en los asuntos internos de otro Estado, consagrado como obligación universal en el derecho internacional que rige las relaciones internacionales entre los Estados, a fin de garantizar la paz y la seguridad internacionales.

 

Adicionalmente, cabe señalar que la citada ley tiene como objetivo coaccionar al Gobierno Bolivariano de Venezuela, a través del “ataque selectivo” a los intereses patrimoniales de ciudadanos venezolanos señalados sumaria y secretamente por el Departamento de Estado (órgano del Poder Ejecutivo), para aplicar sanciones confiscatorias y violatorias de los derechos fundamentales reconocidos en el mundo civilizado.

 

Esta acción injerencista del Gobierno de los Estados Unidos de América ha sido reconocida y condenada firmemente por los Estados de la región, siendo destacable los llamados al Gobierno de los Estados Unidos de América para que respete, en sus relaciones con los Estados de Latinoamérica y del Caribe, el compromiso de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observe los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –CELAC) y, se abstenga de imponer sanciones unilaterales que vulneran el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados (Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR— y Mercado Común del Sur –MERCOSUR).

 

Sin embargo, el Gobierno estadounidense hizo caso omiso a este llamado al cumplimiento del derecho internacional, y reiteró y amplió las medidas sancionatorias contra funcionarios del Gobierno venezolano, las cuales fueron rechazadas nuevamente por los organismos regionales antes señalados, y de igual forma se pronunció la comunidad internacional a través del Movimiento de Países No Alineado (MNOAL), el cual instó “a derogar tales medidas coercitivas ilegales que afectan el espíritu de diálogo y entendimiento político entre Venezuela y los Estados Unidos de América”.

 

A la luz de lo anterior, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela solicita que la comunidad internacional rechace enérgicamente la injerencia sistemática y continuada que mantiene el Gobierno de los Estados Unidos de América en nuestros asuntos políticos internos, puesto que ello atenta contra los valores fundamentales de la convivencia pacífica entre los Estados, y contraviene el derecho internacional universal establecido en la Carta de las Naciones Unidas.

 

 

NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE LA NO INJERENCIA EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE LOS ESTADOS, VULNERADA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS:

• El numeral 7 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, dispone claramente como principio fundamental que regula el accionar, tanto de la Organización como de sus países miembros, la obligación de no intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados.
• Este principio, está plenamente desarrollado en la «Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de Conformidad con la Carta de las Naciones Unidas» (Resolución de la Asamblea General de la ONU N° 2625 (XXV) del 24 de octubre de 1970), en la que se prevé lo siguiente:

 

«Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional.»

 

• De igual manera, el artículo 3 (e) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece como un principio de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la organización «la obligación de no intervenir en los asuntos de otro Estado», y el artículo 19 de la misma Carta, dispone expresamente que:

 

«Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.»

 

La codificación normativa de este principio hace indudable su obligatoriedad para todos los países de la región, a fin de mantener una buena relación que propenda al aseguramiento de la paz y la seguridad internacionales.

 

• Otra manifestación más de que este principio universal constituye una costumbre hemisférica, practicada con plena obligatoriedad por todos los países de la región americana, puede apreciarse en el párrafo 23 de la Declaración de Caracas del 2 y 3 de diciembre de 2011, emanada de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la cual este mecanismo político e integracionista, que es el de mayor representatividad americana, reconoció como unos de sus valores y principios orientadores, el respeto a la soberanía; el respeto a la integridad territorial y; la no injerencia en los asuntos internos de cada país. 

 

• Siendo reafirmada esta postura principista en la Declaración Especial sobre la Democracia y el Orden Constitucional en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) del 3 de diciembre de 2011, donde quedó expresado lo siguiente:

 

«Ratificamos la vigencia del Estado de Derecho, el respeto a la autoridades legítimamente constituidas como expresión de la voluntad soberana de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos y la defensa de las instituciones democráticas, que constituyen garantías indispensables para asegurar la paz, la estabilidad y la prosperidad  económica y la justicia social…»

 

• De igual modo, en el ámbito regional, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ha reafirmado en diversas ocasiones la convicción de sus Estados miembros en relación a la obligatoriedad para toda la comunidad internacional del principio de la no intervención, el respeto irrestricto de la soberanía de los Estados, y la no injerencia en los asuntos internos. Ello en aras de mantener la seguridad regional y la paz internacional.

 

• En la Decisión para el Establecimiento del Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR, del 16 de diciembre 2008, la Unión enfáticamente dispuso en su artículo 3, como principios rectores para la defensa suramericana:

 

«(a) [El] respeto de manera irrestricta a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados, la no intervención en sus asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos.

(e) [La] salvaguarda de la plena vigencia del Derecho Internacional, en concurrencia con los principios y normas de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el Tratado Constitutivo de UNASUR.

(m) Reafirmar la convivencia pacífica de los pueblos, la vigencia de los sistemas democráticos de gobierno y su protección, en materia de defensa, frente a amenazas o acciones externas o internas, en el marco de las normativas nacionales…» 

 

• La Declaración Conjunta de la Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas, del 28 de agosto de 2009, reiteró su énfasis a que «el irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados, la no injerencia en asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos son esenciales para consolidar la integración regional», y, en este orden de ideas expresó la «disposición de consolidar en Suramérica una zona de paz, fundamento para el desarrollo integral de nuestros pueblos, y la preservación de sus recursos naturales, a través de la prevención de conflictos, la solución pacífica de las controversias y la abstención de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza.»