Opacadas por el gran despliegue mediático en relación con la crisis económica mundial y en particular la que se vive en los países de la Europa del centro y este, las manifestaciones ultraderechistas y anticomunistas apenas son objeto de atención por las agencias de prensa de esos lugares.
Sin embargo, tanto en la República Checa como en Polonia, Hungría y otras naciones de esa área geográfica, se ha vivido en las últimas dos décadas un acoso a toda agrupación comunista o simplemente de izquierda, y en los últimos tiempos el afianzamiento de gobiernos de derecha en algunos de estos países, ha reverdecido dichas prácticas hasta con propuestas de ilegalizar esas organizaciones.
En la República Checa, por ejemplo, una comisión del Senado se encarga ahora de investigar la constitucionalidad del Partido Comunista de Bohemia y Moravia (PCBM), dictaminando que el primer ministro pida al Tribunal Supremo que lo declare ilegal.
Entre las exigencias que se esgrimen está la de que esa agrupación cambie de nombre y renuncie a la ideología comunista.
Coincidentemente con toda esta fanfarria anticomunista, que no es nueva en la República Checa, se produjo la confirmación oficial del gobierno de Estados Unidos de que el Centro de Alerta Anticipada del nuevo sistema antimisiles proyectado por la administración de Barack Obama, se ubicará en las cercanías de Praga.
El hecho de tratar de ilegalizar al Partido Comunista se vincula con las elecciones de octubre próximo, donde debe renovarse un tercio del Senado. Evitar que el PCBM acuda, haría más factible un crecimiento de los parlamentarios de derecha.
Recordemos además que el año pasado, en una reunión de presidentes del Senado de los países centroeuropeos, se emitió una declaración —a propuesta del anfitrión checo—, donde se llama al Parlamento Europeo a equiparar los crímenes cometidos por el nazismo con los que, según los revisionistas de estos tiempos, cometieron los comunistas en la época soviética.
Súmese a todas estas aberrantes medidas de los gobiernos checos postsocialistas, la prohibición del uso o divulgación de símbolos como la hoz y el martillo, y otros.
Ya antes, en el año 2006, la organización juvenil comunista de la República Checa (KSM) fue ilegalizada, lográndose la recuperación de su legalidad por una amplia campaña de solidaridad nacional e internacional.
No obstante toda la persecución contra los comunistas checos, en las recientes elecciones parlamentarias este partido ocupó el cuarto lugar en las preferencias electorales, lo cual le permitió mantenerse en el Parlamento —además tiene cuatro representantes europarlamentarios.
También en Polonia
En Polonia igualmente el anticomunismo ha sido estandarte de muchas de sus autoridades gubernamentales de estos tiempos, bajo los designios de sus mentores en Washington.
No por casualidad fue, junto a la República Checa, la elección norteamericana en tiempos de Bush para instalar el escudo antimisiles que apuntaría hacia Rusia y que ahora, en tiempos de Obama, ha cambiado su nombre por el de sistema de intercepción de supuestos misiles que se dispararían del lejano Irán.
En lo interno, todo lo que oliera a comunismo fue marginándose de las estructuras nacionales, y en el año 2007 se realizó una "limpieza" en la Cancillería polaca, de la que fueron separados o jubilados de sus cargos todos los funcionarios que trabajaron en época anterior al derrumbe socialista de 1989, o que estudiaron en Rusia.
En Varsovia se creó un Instituto de la Memoria que no es otra cosa que un mecanismo para facilitar la persecución de colaboradores de los ex-gobiernos de la época socialista.
Entre las medidas adoptadas entonces está la suspensión de pensiones para quienes fueron miembros del ejército o cumplieron tareas en el Gobierno polaco anterior a 1989.
Este año entró en vigor en Polonia el artículo 256 del Código Penal que establece que la producción, adquisición, almacenamiento, transporte o poseer y mostrar grabados, grabaciones o elementos de otro tipo que sean símbolos de los regímenes fascistas o comunistas, pueden sancionarse hasta con dos años de cárcel.
Llamo la atención sobre la repetición del esquema que equipara fascismo y comunismo, y que en la "sociedad democrática" que sustituyó a los gobiernos socialistas, se apliquen medidas tan discriminatorias y autoritarias.
En Hungría y otros países
Con patrones similares a los checos y polacos, en la Asamblea Nacional de Hungría se modificó un artículo del Código Penal para igualar fascismo con comunismo y establecer que "quien públicamente niegue, cuestione o reste importancia al genocidio y otros hechos contra la humanidad cometidos por los sistemas nacional socialista y comunista, incurre en delito que puede ser sancionado con privación de libertad de hasta tres años".
Antes, en 1993, la estrella roja y la hoz y el martillo fueron declarados símbolos dictatoriales y se prohibió su uso público. Incluso, la furia anticomunista húngara tuvo su expresión cuando se planteó en el Parlamento la idea de prohibir el Munkápárt (Partido Obrero), lo que no prosperó.
En Rumanía, la ley 51-1991, en su artículo 3, relativo a la "seguridad nacional", impone graves penas de prisión y multas para quien apoye o forme parte del Partido Comunista.
Es solo un recuento inconcluso de lo que ocurre en sociedades, en las cuales la implantación del capitalismo no solo ha elevado los índices de pobreza y marginalidad, sino que ha mutilado la tan necesaria memoria histórica y para ello la cruzada anticomunista es su mayor expresión.
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